Violación de los derechos humanos en Cuba 4º parte

En efecto, el común de la gente acostumbra a asociar los DDHH
exclusivamente con aquellos hechos que afectan la vida y las libertades
individuales, emplazando el problema en su variable puramente civil y política. La mayoría de las agrupaciones que defienden estos derechos no han sido capaces de plantearse en términos de las estructuras que dan lugar a esos males. Por ello, el debate del tema en nuestra región ha sido muy limitado, estacionándoselo en aproximaciones muy superficiales que sólo tocan las manifestaciones finales del problema sin entrar a profundizar en las estructuras del sistema que dan origen a nuestros males. De allí, que se hace necesario devolver al fenómenos de los DDHH toda su amplitud y su realidad más profunda y general.

En primer lugar, decir que las violaciones de los DDHH en nuestra región
encuentran su fundamento en la imposición de una política y una ideología
proveniente, fundamentalmente, del Departamento de Estado norteamericano y sus organismos afines, quienes a caballo de las dictaduras militares lograron una férrea imposición de las nuevas prácticas políticas e ideológicas para dar sustento a un brutal neoliberalismo económico. En nuestro país, por ejemplo, el hecho mismo del golpe militar sólo constituyó la puntada final, el último eslabón de toda una trama anterior previamente concertada por grupos económicos nacionales y extranjeros. Es decir, que el golpe militar y la consecuente ruptura del orden institucional y democrático, sólo fueron el efecto, el resultado último de una causa original, en donde los poderes imperiales decidieron abortar el proceso de cambios que se venía generando en las estructuras de la sociedad chilena. Por ello, en el nuevo cuadro geopolítico, debemos tener presente que con o sin dictadura nuestros derechos nos seguirán siendo negados, en tanto sigamos siendo países dependientes y el neoliberalismo despiadado siga acentuando su fase depredadora y explotadora con más vigor que antes.

En este cuadro, resulta una gran contradicción que la Declaración Universal
encargue al Estado el papel de mediador para asegurar el cumplimiento de los derechos declarados. Porque bien sabemos lo que significa el Estado, en tanto su naturaleza clasista lo lleva a atender los derechos de la clase dominada sólo en forma derivada y subalterna, no logrando universalizar la práctica efectiva de éstos. Ello, por cuanto estos derechos se encuentran estructuralmente violentados por la forma en que el Estado organiza la sociedad clasista: privilegio del capital sobre el trabajo, macroeconomía sobre la microeconomía, explotadores sobre explotados, etc. Y no podría ser de otro modo, porque el componente básico del Estado lo constituye el poder. Quien tiene el poder controla el Estado. Y en nuestras sociedades capitalistas, el poder siempre ha estado en manos de la clase minoritaria, dueños de los medios de producción, productores de su propia ideología.

Así, el Estado, en último término, no es otra cosa que la expresión del Poder de una clase social sobre otra para generar tales o cuales derechos. Es decir, que explotados y explotadores son portadores de sus propios derechos, colmados para los últimos y negados para los primeros. Si a ello agregamos que nuestros documentos constitucionales, en su origen, sólo fueron copias de la constitución norteamericana y de los principios de la Revolución Francesa, se comprende mejor el por qué la defensa del individuo y de la propiedad privada logran ocupar un lugar de privilegio. De esta realidad cabe preguntarse si las estructuras legales heredadas han servido o no a nuestros pueblos. Por cierto, en su primer momento su utilidad queda fuera de toda duda, mas en las actuales condiciones estas se muestran insuficientes y, más aún, causa de muchos de nuestros males. Documentos producto de elucubraciones de las élites criollas, que se preocuparon por reglamentar los cambios, pero cuidándose de salvaguardar sus privilegios.

Por ello se hace necesario levantar una nueva alternativa para los DDHH cuyo fundamento no sea el asistencialismo liberal, sino un conjunto de sistemas y modalidades que permitan un real proceso de liberación para los pueblos de nuestra región. Quizás, en esta última idea sea alentador constatar que, desde el año 1992 en adelante, se han estado realizando reuniones de los jefes de Estados de los países miembros, en las llamadas "Cumbres Iberoamericanas". Este hecho aparece relevante, porque nunca antes nuestros países pudieron sentarse a tratar sus problemas sin dejar de tener la presencia y presión del gobierno norteamericano. Desde la primera reunión en Guadalajara (1992), y las siguientes, el tema de los DDHH no ha dejado de estar presente en sus declaraciones, insertándose párrafos específicos en la perspectiva de comprometerse en el respeto de los mismos tomando las medidas necesarias para optimizar su preservamiento.

Sin embargo, debemos reconocer, estos intentos han sido más formales que reales. La globalización de la política y el comercio, entre otros, han terminado por despojarnos de las últimas defensas que nos quedaban en resguardo de nuestras autonomías nacionales. Con la intervención de instituciones como el FMI, OMC, Banco Mundial, BID, Grupo de los Siete, la misma Naciones Unidas y los nuevos tratados comerciales, toda posibilidad de preservar nuestras mínimas soberanías han terminado por esfumarse. Si a ello agregamos la intervención indirecta y velada de las multinacionales, el cuadro se presenta más desolador aún.

Sin duda, los nuevos fenómenos de globalización han debilitado los DDHH en nuestra región, lo que llevó, en su oportunidad, a que 33 ONGs vinculadas con la promoción de los mismos, enviaran el año 1994 una carta a los jefes de Estado participantes en la Cumbre de Cartagena de Indias, en Colombia, para denunciar el incumplimiento de los acuerdos sobre DDHH acordadas en cumbres anteriores. Hacen presente que no se han tomado los debidos resguardos para evitar flagrantes violaciones a los DDHH en sus más distintas manifestaciones. No sólo se denuncia que junto a la caída de las dictaduras militares, persisten en la región situaciones que atentan contra la dignidad humana y la democracia, cometidas por Gobiernos reconocidos como democráticos. Más que eso, se trata también de que la dinámica del proceso económico vigente no puede reducirse a la creación de áreas de libre comercio y zonas de libre inversión que sólo benefician a grupos minoritarios de poder económico. Solicitan aplicar las normas internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales en la formulación y ejecución de las políticas y acuerdos económicos regionales. Expresan también su rechazo a la "violación del derecho a la autodeterminació n de los pueblos y de los principios de igualdad soberana de los Estados y de no injerencia de un Estado en los asuntos internos de otro, que se expresa en la agresión militar, la invasión y la ocupación territorial, la práctica de la presión económica y los bloqueos financieros, comerciales y económicos para imponer la voluntad de un país sobre otro y provocar cambios en el interior de éste". Estas mismas denuncias han seguido haciéndose en las “Cumbres Sociales Alternativas” paralelas a las de jefes de Estado.

Estas acciones tienen el mérito de poner al descubierto un hecho que
generalmente pasa desapercibido, esto es, que la defensa a ultranza de
políticas que tienen a la vista el preservamiento del modelo neoliberal,
privilegiando por encima de cualquier cosa las relaciones puramente
mercantiles y de negocios, implica un severo revés para la aplicación de
principios y derechos establecidas en la Declaración Universal.